La justicia indígena y los discos pirateados

Los cronistas e historiadores señalan que la justicia indígena existía desde la época del incario y que se la aplicó también en las culturas que habitaron el territorio que hoy es el Ecuador. Esto es bastante obvio, es decir, alguna forma de castigo habrá existido en cualquier parte del mundo donde se juntaron más de dos individuos. Existió la justicia griega que con elegancia te hacía brindar con cicuta, la romana -groserísimos, tigres para una crucifixión-, la vikinga, que supongo no habrá sido muy amable, etc. Entonces seguro que el indígena que violaba una virgen del sol, o no le pagaba sus impuestos a Huayna Cápac, o atentaba en contra de la memoria de Mama Ocllo, recibía alguna dosis de castigo, que habrá  variado entre una sesión de ortigazos y la pena de muerte. Salvo que hubiera sido hijo de Atahualpa o ahijado de la princesa Toa pues ahí seguro le nombraban cónsul o algo así.
Los discos pirateados no existían en el incario, y de eso estamos todos seguros porque en esa época estaba prohibida la importación de cidi players. Pero algún producto se las habrán arreglado para piratear nuestros ancestros, a fin de cuentas las humanidad ha sido siempre lo mismo pero con distinta tecnología.
Muchos culpan a la Constitución de Montecristi los últimos ajusticiamientos indígenas, pero olvidan o al menos no suponen que una paliza, baños de agua fría y sobredosis de ortiga se aplican desde hace fuu, solo que en secreto. Yo no le culpo a la última Constitución, le culpo a la falta de justicia común y a la inocultable desventaja con la que viven muchos ecuatorianos. De paso opino que aquellos a los que les da hipo mirar los videos de un acusado de asesinato o robo de ganado colgado en pelotas en la mitad de la plaza y recibiendo una fuetiza de diosescristo durante dos o tres días,  les pido que vayan un ratito a las cárceles de la justicia ordinaria y observe a los acusados de cualquier cosa viviendo meses y meses de violaciones, intentos de asesinato, extorsiones, y toda forma imaginable de violencia física y mental que terminarán convirtiéndolo en un criminal muchísimo peor del que entró a prisión. Y estas afrentas ni siquiera están escritas en la ley, lo cual es peor.  Decir que la justicia común ecuatoriana es más civilizada, sana,  humana, o respetuosa que la justicia indígena debería ser castigado con media hora de ortiga y agua fría. Y en caso de reincidencia, con media hora con el preso con el pene más grande y cruel del pabellón. (Si reincide otra vez es porque le pasó lo que a la Xime, o sea, se enamoró del verdugo).
La piratería es delito, y confieso con algo de vergüenza que tengo docenas de películas pirateadas en mi colección. Eso sí una película ecuatoriana nunca la compraré en versión pirata porque yo seré muy indelicado con los derechos de autor, pero no traidor a la patria. En el mundo es un problema la piratería de música y películas. Pero solo acá me parece que se la legalizó de un amanera de lo más llamativa con un acuerdo entre SRI, Ministerio de Cultura y Piratas Unidos, para que los Piratas paguen unos cuentos centavos por cada disco chiviado, para dirigir estos rubros al estado y a los artistas.
 El castigo físico y sicológico también es un delito, y como se ve, somos un país tan conciente de sus horrendas debilidades, carencias e informalidades que estamos legalizando lo ilegal. Solo acá tenemos asociación de vendedores de discos piratas.  Hay que reconocerles la sinceridad, porque conozco un montón de asociaciones de delincuentes que se hacen llamar diferente. Sin embargo, saber de la existencia de esta asociación de piratas es como leer que los tumbapuertas y sacapintas de Tumbaco se han reunido en una asociación registrada en algún ministerio del ramo y pobre de aquel que se defienda de su “derecho al trabajo”.  
En todo caso es mejor que la justicia indígena esté incluida en la Constitución y que hasta exista un fiscal indígena (ya me quisiera ver al choro de turno tratando de coimar a toda la gente del pueblo). Y resultó en algo mejor que los piratas no sean eliminados del comercio pues algunas moneditas le caen a quienes les tendrían que reconocer sus derechos de autor.  
Lo que  estamos viviendo es la legalización de nuestra falta de formación cívica y nuestra débil estructura social. Mañana terminará apareciendo le Ley del Estruche en el Transporte Público, y el reglamento respectivo. Tal vez esto le genere mayores ingresos al SRI, o al Municipio, será cuestión de esperar. Y de legalizarse.